El escenario judicial colombiano dio un giro contundente este martes con la decisión del Tribunal Superior de Antioquia de condenar a Santiago Uribe Vélez, hermano menor del expresidente Álvaro Uribe, por su rol en la creación y operación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, activo en el norte de Antioquia durante la década de los 90. El fallo, que revoca la absolución otorgada en 2024, lo responsabiliza por concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, imponiéndole 28 años y 3 meses de prisión, además de una multa de 6.500 salarios mínimos.
La decisión, adoptada de forma unánime por la sala penal, se apoya en un conjunto amplio de testimonios, documentos y pericias que, según los magistrados, permiten establecer que Uribe no solo tenía conocimiento de las acciones del grupo, sino que ejercía un papel de liderazgo. La sentencia remarca que Los 12 Apóstoles —a quienes se les atribuyen más de 300 asesinatos, además de desapariciones forzadas, secuestros y torturas— operaron desde la finca La Carolina, propiedad del condenado, que habría funcionado como centro logístico y de planificación.
Uno de los hechos que pesó de manera decisiva en la condena fue el asesinato de Camilo Barrientos Durán, conductor de bus señalado por el grupo como colaborador de la guerrilla. La sentencia describe que dos sicarios lo ejecutaron mientras trabajaba en la ruta Yarumal–Campamento. Para los magistrados, no hubo dudas sobre la vinculación del crimen con la estructura paramilitar que, aseguran, Uribe dirigía.
La noticia provocó un estallido político inmediato. Álvaro Uribe, exmandatario y referente de la derecha, lamentó públicamente la decisión y expresó “profundo dolor” por la condena contra su hermano. Desde el otro extremo del espectro político, figuras como Iván Cepeda y Claudia López celebraron el fallo como una reivindicación para las víctimas del conflicto armado y un hito para la justicia transicional. Cepeda, que impulsó varias investigaciones vinculadas al paramilitarismo, habló de “excelente noticia para la verdad y la justicia”.
La defensa del empresario ganadero calificó la decisión como “injusta” y anunció que recurrirá a una impugnación especial ante la Corte Suprema, último recurso disponible para intentar revertir la condena. Sin embargo, el Tribunal ordenó que, una vez quede ejecutoriada, se emita una orden de captura inmediata.
El caso vuelve a poner bajo la lupa uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente colombiana: la operación de grupos paramilitares con presunta participación de civiles, empresarios y miembros de las fuerzas de seguridad. El fallo también coincide con un momento políticamente sensible, luego de que el propio Álvaro Uribe fuera absuelto en otro proceso por manipulación de testigos. En ese contexto, la condena a su hermano reabre un debate sobre responsabilidades históricas y la capacidad del sistema judicial para avanzar sobre estructuras de poder intocadas por décadas.
Para los magistrados, la contundencia de la evidencia no deja margen a interpretaciones alternativas: Los 12 Apóstoles existieron, operaron con amplia capacidad de fuego y actuaron bajo una lógica de “limpieza social” y persecución contra sospechosos de colaborar con la guerrilla. Y Santiago Uribe, sostienen, tuvo un rol determinante en su funcionamiento. Una historia que vuelve a sacudir el tablero político colombiano y que promete mantenerse en agenda mientras avanza el intento final de apelación ante la Corte Suprema.