GOLPE AL NARCOTRÁFICO – El Juzgado Federal de Jujuy dictó la prisión preventiva para cuatro personas —dos hombres y dos mujeres— acusadas de integrar una organización familiar dedicada al tráfico y lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Según la investigación, el grupo habría trasladado más de 230 kilos de cocaína desde la ciudad fronteriza de La Quiaca hacia distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.
El dictamen fue solicitado por el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Jujuy, que viene desarrollando una investigación desde hace varios años en torno a esta red que operaba entre Bolivia, Jujuy, Catamarca y Buenos Aires. Las autoridades judiciales los señalan como presuntos organizadores y financistas del delito de transporte de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas, además de coautores del delito de lavado de activos de origen ilícito.
Durante la investigación se realizaron varios procedimientos en los que se secuestraron importantes cantidades de droga. En 2021 se incautaron 51,2 kilos de cocaína en una Chevrolet Montana, mientras que en 2022 se hallaron 56,7 kilos ocultos en un Renault Koleos. En 2024, otro operativo permitió confiscar 60 kilos en una Renault Duster Oroch, y el caso más reciente ocurrió el pasado 11 de septiembre, cuando 63,6 kilos fueron encontrados en un Citroën C4 interceptado en Catamarca.
De acuerdo con la investigación, la droga provenía de Bolivia e ingresaba al país por el paso fronterizo de La Quiaca. Desde allí, era acondicionada en distintos vehículos que partían hacia Buenos Aires, utilizando rutas alternativas para evitar controles policiales. Los investigadores sostienen que las cuatro personas detenidas formaban parte de una estructura familiar estable, con roles definidos en la organización: desde la logística del traslado hasta el financiamiento y la posterior colocación del dinero obtenido en el circuito legal.
Además, la acusación incluye maniobras de lavado de activos, ya que los imputados habrían utilizado bienes y operaciones comerciales para dar apariencia de legalidad a los fondos obtenidos del narcotráfico. Según se detalla en el portal oficial Fiscales.gob.ar, los acusados introducían en el mercado bienes y vehículos de alto valor que provenían directamente de las ganancias del tráfico de drogas.
El magistrado a cargo fijó un plazo de investigación penal preparatoria hasta febrero de 2026, periodo durante el cual se mantendrán las medidas de coerción dictadas. También autorizó el peritaje de los teléfonos celulares y de toda la documentación secuestrada, con el objetivo de profundizar las líneas de investigación sobre el circuito financiero y logístico de la banda.
Las autoridades judiciales destacaron que este caso se enmarca en una serie de operativos realizados en los últimos años para desarticular redes de narcotráfico que operan desde el norte del país, aprovechando su cercanía con la frontera boliviana. El fallo, sostienen los investigadores, representa un avance significativo en el combate al tráfico de estupefacientes y al blanqueo de capitales derivados de esta actividad ilegal.