NUCLEOELÉCTRICA – (NA) El concejal Fernando Martínez formalizó un recurso colectivo en el Juzgado Federal de Campana para declarar inconstitucional el decreto que habilita la privatización.
El concejal de Exaltación de la Cruz, Fernando Emanuel Martínez, presentó ante el Juzgado Federal de Campana un segundo amparo colectivo para detener el proceso de privatización del 44% de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), empresa estatal que opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse.
El recurso plantea la inconstitucionalidad del Decreto 695/2025 y alerta sobre los riesgos que implicaría para la soberanía energética desprenderse de una compañía considerada estratégica y, además, rentable: solo en el primer trimestre del año obtuvo utilidades por 17 millones de dólares.
“Privatizar una empresa eficiente y segura no tiene justificación técnica ni económica. Es una decisión política que pone en riesgo obras estratégicas y la estabilidad del sistema”, sostiene el documento presentado por Martínez.
El edil también solicitó una medida cautelar para frenar cualquier “licitación, oferta o transferencia de acciones” hasta que los amparos sean analizados en profundidad. Además, advirtió que una privatización parcial podría derivar en aumentos tarifarios y menor protección para los usuarios.
Este nuevo amparo se suma al presentado previamente por la diputada de UxP Gabriela Estévez, que busca declarar la nulidad tanto del decreto presidencial como de la resolución del Ministerio de Economía asociada al proceso.
“Es un bien público construido con décadas de inversión y conocimiento argentino. No puede venderse sin justificación ni control legislativo”, concluyó Martínez.