El proceso judicial por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 ingresó en su etapa final. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú anunciará este jueves 27 de noviembre su decisión sobre el futuro del expresidente Pedro Castillo, luego de 268 días de juicio oral y de un debate cargado de tensiones políticas, cuestionamientos y acusaciones cruzadas.
La Fiscalía ha solicitado una condena de 34 años de prisión para Castillo Terrones por el presunto delito de rebelión, mientras que también pidió penas de 26 años para la ex primera ministra Betssy Chávez y de 15 años para el ex jefe del gabinete Aníbal Torres. Sin embargo, los magistrados podrían optar por condenar a los imputados por conspiración, un delito que reduciría las penas solicitadas: 19 años y 30 días para Castillo y 11 años para los exfuncionarios.
El juicio, que comenzó el 4 de marzo de 2025, estuvo atravesado por numerosos incidentes procesales. Desde el inicio, Castillo rechazó la legitimidad del proceso y sostuvo reiteradamente que su destitución en 2022 fue “irregular” y promovida, según él, por “grupos de poder”. En varias oportunidades pidió el cese de la prisión preventiva, pedidos que fueron rechazados por el Poder Judicial.
El pasado viernes 21 de noviembre, el expresidente usó su derecho a la defensa para dar un alegato final. Allí asumió responsabilidad por su accionar previo al fallido intento de cierre del Congreso, pero desligó a sus exministros de cualquier participación directa. “Yo no le dije a los ministros, a nadie”, afirmó. Sostuvo además que decidió dar su discurso político porque estaba convencido de que no tenía los votos suficientes en el Parlamento para evitar una nueva moción de vacancia.
Durante su intervención, Castillo negó haber recibido instrucciones externas y aseguró que su actuar fue una decisión personal. También intentó desestimar las acusaciones contra Betssy Chávez, quien, según dijo, no coordinó acciones ilícitas con él sino que simplemente cumplió órdenes administrativas.
El juicio también estuvo marcado por la situación de la propia Chávez, quien denunció malos tratos en el penal donde estaba detenida, hasta que recuperó su libertad por un fallo del Tribunal Constitucional que consideró arbitraria su prisión. Semanas más tarde, buscó asilo en la Embajada de México. En paralelo, la Justicia volvió a dictar contra ella prisión preventiva por cinco meses.
Otro de los episodios resonantes del proceso fue la renuncia del abogado de Chávez, Raúl Noblecilla, quien alegó falta de comunicación con su defendida y denunció presuntas irregularidades en el desarrollo del juicio.
El tribunal integrado por los jueces Norma Carbajal, Iván Guerrero y José Neyra anunciará su decisión después de que se cumpla el plazo procesal fijado por el Código Procesal Penal, que establece que el fallo debe emitirse dentro de los tres días posteriores al cierre del debate.
La expectativa en Lima es enorme. La resolución podría convertirse en uno de los fallos más trascendentes de la historia reciente de Perú, donde en las últimas décadas varios expresidentes han sido condenados o procesados por delitos graves. Mientras tanto, manifestantes tanto a favor como en contra de Castillo anunciaron movilizaciones para las horas previas y posteriores al anuncio.
El país sigue atento: este jueves se definirá el futuro judicial de un expresidente que, para muchos, simboliza tanto la crisis política como la profunda polarización que atraviesa Perú desde hace años.