Un nuevo estudio del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicado por el diario La República, revela un panorama inquietante sobre la percepción ciudadana respecto a la seguridad bajo el gobierno de José Jerí. Según los resultados, uno de cada cuatro peruanos considera que la inseguridad empeoró desde que el mandatario asumió la Presidencia, mientras que un 54% cree que las condiciones se mantienen igual de graves.
La preocupación es particularmente marcada en Lima, región que permanece bajo estado de emergencia desde el 22 de octubre, tras la ola de criminalidad que derivó en la vacancia de la expresidenta Dina Boluarte. Este contexto ha puesto en debate la efectividad de las medidas adoptadas por el Ejecutivo, así como la necesidad de un enfoque integral para enfrentar la violencia y el crimen organizado.
Medidas duras, resultados difusos
En octubre, el gobierno decretó el estado de emergencia con un paquete de restricciones orientadas a disminuir robos y extorsiones, entre ellas, la prohibición del traslado de dos adultos en motocicleta lineal, una modalidad de transporte frecuentemente asociada a delitos callejeros. También se reforzó el control interno de los penales mediante apagones en celdas, destrucción de antenas ilegales, incautaciones de celulares y conexión de cámaras municipales al sistema integrado C4 de la Policía Nacional del Perú.
Al concluir el primer periodo de 30 días, el Ejecutivo prorrogó la medida y presentó al Congreso un pedido para legislar en materia de seguridad durante 60 días adicionales, bajo el carácter de “muy urgente”. Dentro de ese paquete, el gobierno propuso crear el delito de revelación de información reservada, una iniciativa que fue criticada por organizaciones de prensa como la ANP, que advierten riesgos de censura y criminalización del periodismo investigativo.
Percepción de la ciudadanía
Pese a la batería de medidas, el 73% de los encuestados considera que el estado de emergencia ha aportado poco o nada a disminuir la delincuencia en Lima y Callao. El rechazo es mayor entre hombres y ciudadanos de entre 30 y 50 años. De todos modos, la evaluación para Jerí resulta menos negativa que la que enfrentaba Boluarte, quien alcanzó 84% de desaprobación en marzo respecto al manejo de seguridad.
Además, un 54% afirma que el actual gobierno carece de un plan claro y eficaz para enfrentar el crimen. El contraste entre zonas urbanas y rurales también muestra disparidades: mientras en Lima Metropolitana predomina el pesimismo, en áreas rurales hay una percepción levemente más moderada.
El rechazo a las motos con dos ocupantes y los chalecos reflectantes
Dos medidas específicas generaron un alto nivel de rechazo ciudadano:
La prohibición del tránsito de dos adultos en motocicleta, ratificada con el Decreto Supremo N.º 127-2025-PCM.
La obligatoriedad del uso de chalecos reflectantes con la placa visible, vigente desde el 17 de noviembre.
Diversos gremios de motociclistas argumentan que estas disposiciones estigmatizan al sector sin reducir realmente los delitos, como ya ocurrió en experiencias previas. En respuesta, propusieron alternativas como el uso de placas con chip RFID y reclamaron una mesa de diálogo con el Ejecutivo.
La polémica ley sobre información reservada
Otra iniciativa que encendió alarmas fue la propuesta de penalizar la divulgación de información reservada relacionada con investigaciones policiales. Para el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, esta filtración es una “amenaza grave” que debilita al Estado y expone a víctimas y denunciantes a represalias. No obstante, especialistas y gremios de periodistas sostienen que la redacción del proyecto podría derivar en una “ley mordaza”.
Ernesto Álvarez, premier del Consejo de Ministros, negó tal intención y aseguró que la norma solo busca sancionar a policías, fiscales o jueces que entreguen información a investigados, y no a la prensa.
Una crisis que exige soluciones urgentes
La encuesta del IEP evidencia un contexto en el que el gobierno parece ganar cierta ventaja comparativa frente al desgaste del periodo anterior, pero sin consolidar aún una percepción de liderazgo efectivo en materia de seguridad. La continuidad del estado de emergencia y las tensiones con distintos sectores sociales configuran un escenario desafiante para Jerí, que enfrenta el doble reto de garantizar resultados mientras evita medidas que puedan profundizar la conflictividad social.