Gobernadores de todas las fuerzas políticas se unen contra el Gobierno y presentan proyectos en el Senado de leyes para reformar la coparticipación de los impuestos a los combustibles y de ATN y así recuperar fondos que señalan que le corresponden a las provincias.
Los gobernadores decidieron unirse contra el Gobierno luego de fracasar todas las negociaciones con los funcionarios para acordar un nuevo régimen de distribución de los recursos.
La propuesta de los mandatarios está plasmada en dos iniciativas presentadas en la noche del miércoles por senadores del PJ, la UCR, y legisladores provinciales que buscarán avanzar con rapidez en las comisiones de Coparticipación y de Presupuesto.
Los proyectos fueron firmados por los presidentes de los bloques peronistas, José Mayans, Fernando Salino y Juliana Di Tullio, de la UCR, Eduardo Vischi, del PRO Alfredo De Angeli, la rionegrina Mónica Silva, Edith Terenzi de Despierta Chubut y de Provincias Unidas, Carlos “Camau” Espínola.
También lo hicieron el jefe del radicalismo Martin Lousteau y la senadora correntina de Convicción, Carolina Moises.
Uno de los proyectos propone reforma la distribución del impuesto a los combustibles para repartir ese tributo de la siguiente manera: un 14,29% para el Tesoro Nacional, un 52,02% para las provincias y un 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social.
De acuerdo a esa iniciativa los fondos de las provincias se repartirán un 25% entre las jurisdicciones y el 75% de la acuerdo a los índices de coparticipación.
Además elimina los fondos fiduciarios de Infraestructura de Transporte , del Sistema Vial Integrado; Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y Nacional de la Vivienda.
La mayoría de estos fondos habían sido eliminados por el Gobierno pero no habían distribuido entre las provincias los recursos afectados a esos organismos de fideicomisos.
En los argumentos del proyecto se señala que “son recursos con afectación específica que administra el Gobierno Nacional pero que no son propios. Ante ello surge indubitablemente que el cambio normativo propuesto no afecta las finanzas públicas nacionales”
Al defender la iniciativa señalan que “no impacta en otros destinos específicos quе hoy prevé esta normativa, como es el que recibe la Administración Nacional de Seguridad Social a través de la distribución de los recursos que general el Impuesto a los Combustibles Líquidos”