CAMBIO LEGALES – Desde su asunción, la administración de Javier Milei promovió proyectos de ley y medidas administrativas que modificaron los mecanismos de control antilavado y el régimen de sociedades comerciales. Organismos especializados advirtieron sobre un posible impacto en la persecución de delitos económicos.
Desde diciembre de 2023, el Gobierno nacional presentó una serie de iniciativas legislativas que alteraron el marco regulatorio del lavado de activos y el control sobre la creación de sociedades comerciales. Varias de estas propuestas fueron observadas por organismos y entidades especializadas en prevención de delitos financieros, que alertaron sobre un posible debilitamiento del sistema antilavado argentino.
Entre las primeras medidas se destacó la reforma de la Ley de Lavado de Activos, incluida en el paquete normativo enviado al Congreso a tres meses del inicio de la gestión. La propuesta elevó de $300.000 a $30.000.000 el monto mínimo a partir del cual una operación puede ser considerada delito de lavado de dinero. Hasta ese momento, el umbral vigente hacía punible prácticamente cualquier maniobra sospechosa.
El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) cuestionaron el cambio. En un comunicado conjunto señalaron que la modificación “podría generar el cierre masivo de causas penales en curso” en virtud del principio de la ley penal más benigna. Según esas organizaciones, muchas de las investigaciones afectadas vinculaban el origen ilícito de los bienes con delitos como narcotráfico, intermediación financiera no autorizada y evasión fiscal.
Otro de los puntos relevantes fue el relanzamiento del régimen de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), suspendido en 2020 durante la gestión de Alberto Fernández. La administración actual restableció este tipo societario a comienzos de 2024, con el objetivo de facilitar la creación de empresas y reducir los tiempos administrativos.
El sistema permite constituir una sociedad en menos de 24 horas mediante un trámite digital, con un capital equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. Durante el gobierno anterior, la Inspección General de Justicia (IGJ) había restringido su uso, argumentando que la modalidad era utilizada para el lavado de activos, la evasión impositiva y la fuga de capitales. “En estos tres años se comprobó que, en general, no son emprendedores quienes están detrás de estas sociedades, sino actividades irregulares que se aprovechan de la opacidad y escasos requisitos de constitución”, señalaba un informe de la IGJ de 2020.
Las reformas también fueron incluidas en proyectos de mayor alcance, como la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, ambos presentados durante el primer semestre de gestión.
Distintas organizaciones no gubernamentales y expertos en derecho financiero advirtieron que la combinación de estas medidas podría “reducir la trazabilidad de las operaciones” y “dificultar la detección de maniobras ilícitas”.
El Gobierno, por su parte, sostiene que las reformas buscan “modernizar la normativa y eliminar trabas burocráticas” para fomentar la inversión y el desarrollo de nuevos emprendimientos.
En paralelo, los organismos de control y las entidades del sector financiero mantienen el seguimiento de las nuevas disposiciones, a la espera de su evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que revisará el cumplimiento de los estándares antilavado en su próxima auditoría regional.