Los reclamos de las familias afectadas por el ajuste en discapacidad también están presentes en el distrito escobarense y en este caso hoy a las 15.00 se reunirán en la plaza San Martín de Belén de Escobar para que alguien los escuche y se visibilice la situación.
Las quejas tienen adhesión a las protestas que se vienen realizando desde principios de esta semana frente a la Casa Rosada, donde le reclaman a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Julio Vitobello, que cese «el ajuste en discapacidad».
Allí se manifiesta el Colectivo de Discapacidad quienes junto a familiares y acompañantes terapéuticos acampan en Plaza de Mayo y permanecen en estado de paro y movilización hasta hoy, a la espera de una nueva definición que se dirimirá en asamblea.
Los reclamos son varios e involucran a más de una entidad. Si bien la exigencia en el pago a las obras sociales para que estas puedan depositar los sueldos a los prestadores es uno de los pedidos centrales, también hay la necesidad de garantías en equipamientos en tiempo y forma, y medicación, un aumento salarial acorde a la inflación, el pago a mes vencido, mejores condiciones para los AT y la aprobación de tratamientos en 15 días.
Desde el Ministerio de Economía negaron recortes en el área, y en la misma lógica el secretario de Comunicación y Prensa, Juan Ross, se encargó de explicar en conferencia de prensa post reunión de Gabinete que los pagos están hechos.
«Ante versiones respecto a que decisiones de este Ministerio involucran recortes en áreas de discapacidad, es nuestro deber informar que las modificaciones administrativas tomadas por subejecución presupuestaria en algunos sectores no afectan a dichas áreas», explicaron desde el área conducida por Sergio Massa, al tiempo que se desligaron de las demoras en los pagos por parte de las obras sociales.
Circuito de pagos
Desde Gobierno aclararon que el circuito de pago es extenso y nuclea a varios actores. Los acompañantes y entidades reciben por sus servicios pagos de las obras sociales.
Si la persona no cuenta con obra social, el pago viene de la ANDIS, organismo descentralizado en la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, vía el programa Incluir Salud.
A través de un Fondo Solidario de Redistribución, compuesto por el 9% de los aportes y contribuciones (3 puntos de los trabajadores registrados y el 6% de las empresas) y de multas de la Superintendencia de Salud, el Estado administra los recursos para que las obras sociales puedan depositar el salario de los prestadores.
A su parte, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) que depende del ministerio de Salud de la Nación, se encarga del deposito de las obras sociales sindicales, que son 300, y requieren, a su vez, del desembolso de AFIP.
Es decir, los prestadores rinden su facturas a las obras sociales, que a su vez lo presentan en la SSS para una auditoria y posterior elevación del pedido a AFIP para garantizar el giro de plata que surge del Fondo en cuestión.
Los tiempos en los depósitos son tiranos, y dentro del marco de lo legal, puede demorarse hasta noventa días en los pagos. Frente al panorama inflacionario, los retrasos complejizan la situación de los prestadores que permanecen en protesta.
Varios reclamos
En las inmediaciones de Casa Rosada, los manifestantes, en su mayoría mujeres, se posicionan además en contra de un tentativo proyecto de decreto que, según denuncian, busca crear un nuevo Fondo Nacional para la Cobertura de las Prestaciones Básicas de Atención Integral, a cargo de Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en reemplazo del ya existente, y deja por fuera a un sector de las discapacidades de la cobertura de las obras sociales.
El pasado lunes, los manifestantes fueron recibidos por el subsecretario de Gestión Institucional, Julián Massolo, en Casa Rosada, en una reunión que duró más de tres horas, en la que desde el área se comprometieron a avanzar en los pedidos y establecieron el compromiso de descartar el proyecto de DNU.
Por otra parte, Transportistas y diversos prestadores del sector de personas con discapacidad volvieron a concentrarse ayer frente a la Casa Rosada por tercer día consecutivo.
Le reclaman al Gobierno por la falta de pago desde junio de los servicios y tratamientos brindados.
Denuncian que la Superintendencia de Servicios de Salud estaría «reteniendo los fondos para cubrir los pagos adeudados».
La concentración en Balcarce 50 comenzó el lunes y cuenta con el respaldo de referentes de partidos de izquierda, quienes atribuyeron esta deuda al «ajuste» que estaría llevando adelante el ministro de Economía, Sergio Massa.
La senadora provincial del GEN en Juntos, Lorena Mandagarán, presentó ayer un proyecto requiriendo al Gobierno Bonaerense que solicite informes al Instituto de Obra Médico Asistencial -IOMA- y al Poder Ejecutivo Nacional por los retrasos en los pagos de las prestaciones médico asistenciales a las personas con discapacidad.
La Asociación de Instituciones Educativas Privadas de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA) solicitó la normalización en el pago de los servicios que las instituciones prestan a personas con discapacidad y manifestó su preocupación por los atrasos que se registran en la liquidación de esas prestaciones.
En una carta enviada al Director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga, la entidad que nuclea a más de 2.300 institutos de enseñanza de gestión no estatal en la Provincia expresó «la preocupación que deviene del atraso en los pagos de las prestaciones básicas para personas con discapacidad ,que se ha producido en el presente mes y que se suma al pago diferido generado por la dinámica del sistema de integración que gira el dinero correspondientes a los prestadores con 60/90 días posteriores a la presentación de la facturación».
