INVESTIGACIÓN JUDICIAL – La Cámara Federal porteña celebrará el próximo martes 28 de octubre la primera audiencia vinculada a la causa que investiga presuntos sobornos en el ámbito de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El expediente busca determinar si hubo pagos ilegales por parte de droguerías a funcionarios públicos a cambio de la adjudicación de contratos para la compra de medicamentos de alto costo.
El caso llegará al tribunal luego de que el juez federal Sebastián Casanello rechazara los recursos de nulidad presentados por la familia Kovalivker, propietaria de la droguería Suizo Argentina, una de las principales firmas involucradas en la pesquisa. Los planteos serán revisados por la Sala II de la Cámara Federal, integrada por los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, quienes convocaron a las partes a una audiencia pública.
A los recursos de los empresarios se sumó el presentado por el ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, también imputado en la causa. La Cámara deberá resolver si mantiene el rechazo dispuesto en primera instancia o si hace lugar a los planteos de nulidad, lo que podría alterar el curso de la investigación que actualmente se encuentra bajo secreto de sumario.
El expediente se originó a partir de grabaciones atribuidas a Spagnuolo, en las que se mencionaba a la droguería Suizo Argentina dentro de un presunto circuito de pago de coimas. En los audios también se hacía referencia a la hermana del presidente, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem, ambos integrantes del entorno cercano del mandatario.
El fiscal federal Franco Picardi, que encabeza la investigación, solicitó el pasado 9 de octubre la realización de 25 allanamientos simultáneos en droguerías y domicilios particulares. Según su dictamen, las medidas se apoyaron en la detección de “graves irregularidades” y en la existencia de un posible “direccionamiento en las compras de medicamentos de alto costo” efectuadas por la Agencia Nacional de Discapacidad.
El juez Casanello había desestimado los pedidos de nulidad de los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, al coincidir con el fiscal en que los planteos eran “errados y contradictorios” y que su objetivo era “entorpecer una pesquisa en etapa inicial”.
Sin embargo, los defensores de los empresarios sostienen que el expediente debería anularse por completo. Su abogado, Martín Magram, afirmó que la causa “se originó a partir de grabaciones adulteradas, obtenidas de forma ilícita o incluso creadas mediante inteligencia artificial”. En base a esa presunta irregularidad, pidió la nulidad absoluta del proceso penal.
Durante la audiencia de apelación, la fiscalía deberá ratificar su posición ante los camaristas. Si la Cámara confirma el fallo de Casanello, la investigación continuará bajo reserva con la producción de nuevas medidas de prueba. En cambio, si el tribunal considera válidos los cuestionamientos de las defensas, el expediente podría sufrir un freno significativo en su avance.