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domingo, febrero 9, 2025
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    Hidrovía: el Gobierno busca una licitación exprés entre acusaciones de direccionamiento

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    CUESTIONAMIENTOS – El proceso de licitación para la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, clave para la economía argentina y regional, se encuentra en medio de tensiones y cuestionamientos.

    Este proyecto, que involucra un millonario negocio vinculado al transporte fluvial, ha generado fuertes disputas entre actores políticos, empresariales y sociales.

    Organizaciones no gubernamentales y representantes de la sociedad civil han denunciado presuntas irregularidades en la preparación de la licitación.

    Alegan que algunos de los requisitos favorecen a determinados jugadores del mercado, limitando la participación de nuevos actores y restringiendo la competencia.

    Por ejemplo, de acuerdo con lo establecido en el pliego presentado, las organizaciones señalan que el diseño del procedimiento competitivo mediante el cual se elegirá al futuro adjudicatario se organiza en etapas apuntadas por direccionamiento.

    En una primera instancia, los requisitos económicos mínimos y las restricciones de participación se ven diseñados para limitar significativamente la cantidad de oferentes., reduciendo la competencia efectiva, según fuentes que participan en el proceso.

    Otros cuestionamientos son por la exigencia como antecedente de dragado de un volumen ejecutado mínimo de 15.000.000 m3 computables en un año, con peso de descalificación. Fuentes del sector detallan que se trata de una cláusula direccionada ostensiblemente para favorecer a Jan de Nul.

    Por su parte, la Cámara de Puertos Privados Comerciales pidió este miércoles que se prorrogue, por al menos 30 días, la apertura de sobres, en una carta dirigía a la Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegable liderada por Iñaki Arreseygor.

    A ellos se suman la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, el Centro de Exportadores de Cereales y la Cámara de Actividades Marítimas y Portuaria, quienes también solicitaron cambios en la fórmula polinómica del sobre 3, para aumentar el peso de la oferta económica.

    Además, Diputados de la Coalición Cívica presentaron ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas una denuncia por presunto direccionamiento de la obra pública: “En un entorno con antecedentes de corrupción, un contrato tan prolongado puede ser especialmente vulnerable a acuerdos irregulares entre las partes, incentivando prácticas de captura del contrato, donde el concesionario busca influir en los términos y condiciones en beneficio propio, a expensas del interés público”, acusaron los legisladores opositores.

    La Hidrovía Paraná-Paraguay representa un componente esencial para la economía argentina, con más de 3400 kilómetros de extensión es una de las principales arterias económicas de la Argentina y la región. Esta red fluvial facilita la salida de productos agroindustriales y energéticos hacia mercados internacionales, siendo tránsito para una de las principales fuentes de divisas para el país.

    Modernizar y mantener esta infraestructura en condiciones óptimas es una prioridad que involucra no solo intereses económicos, sino también cuestiones de soberanía y desarrollo regional.

    Fallo de la justicia

    De manera contundente, la Justicia en lo Contencioso Administrativo desestimó el pedido de una medida cautelar contra el calendario licitatorio para el balizamiento y dragado de la Hidrovía Paraná Paraguay uno de los negocios más importantes que presentará la Nación en el año que comienza.

    Dredging reclamó a la Justicia por más tiempo para realizar análisis del lecho del río y otras cuestiones técnicas con material y personal propio y no con informes otorgados por la actual operadora de la vía fluvial troncal, su competidora más importante Jan de Nul.

    Una estrategia para ganar tiempo y retrasar una licitación necesaria no sólo para las exportaciones de la Argentina sino también para las de la región.

    El juez federal de turno, Enrique Lavie Pico, rechazó la medida cautelar con argumentos que señalaron: “No se advierte del Pliego de Bases y Condiciones -a simple vista- las irregularidades alegadas por la parte actora, como así tampoco la supuesta intención de redireccionar la licitación para, en definitiva, favorecer a la empresa que actualmente presta el servicio de dragado de la vía troncal de navegación, como señala en su presentación”, destacó el fallo. El juez se refirió a la compañía dragadora Jan de Nul.

    “Además, cabe señalar que la apertura de ofertas ocurrirá recién el 12/02/2025; por lo que tampoco se advierte ni es posible conocer, en esta oportunidad, la empresa que será la nueva prestataria del servicio de dragado; como así tampoco se encuentra debidamente evidenciado que la Administración no vaya a resolver -en tiempo oportuno- las impugnaciones realizadas al proceso licitatorio en sede administrativa”, afirmó.

    El próximo 12 de febrero se abrirán los sobres con las ofertas de las empresas interesadas en operar esta ruta fluvial, y se espera que para finales de abril se adjudique la concesión por un período de 30 años. Este proyecto es gestionado por la recientemente creada Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), un organismo que centraliza las funciones portuarias y de navegación bajo la órbita del Ministerio de Economía.

    La ANPyN fue creada tras la disolución de la Administración Nacional de Puertos (AGP) y otras dependencias relacionadas, como la Subsecretaría de Vías Navegables y el Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable Troncal (Ecovina). Este reordenamiento, según fuentes oficiales, busca simplificar las tareas administrativas y operativas, un reclamo que había sido planteado por cámaras de navegación y actores del sector portuario.

    La nueva agencia está dirigida por Iñaki Arreseygor, un abogado con experiencia en la gestión pública, quien anteriormente ocupó el cargo de subsecretario de Vías Navegables.

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