HABRÍA DESVIADO MÁS DE 300 MILLONES – El intendente de General Rodríguez, Mauro García, enfrenta una gravísima denuncia penal por presuntamente liderar una red de corrupción dentro del sistema de salud municipal. De acuerdo a la presentación judicial, el jefe comunal habría montado, junto a funcionarios y médicos del hospital oftalmológico municipal, un entramado destinado a desviar fondos estatales a bolsillos privados. La maniobra habría generado un perjuicio millonario al Estado, estimado en más de 300 millones de pesos.
La denuncia, a la que accedió este medio, describe con detalle un presunto “engranaje mafioso” compuesto por García, el secretario de Salud Gustavo Tummino, y un matrimonio de médicos —el director del hospital Adolfo Aguirre Mundani, Federico Travani, y su esposa, subdirectora del mismo—. El mecanismo de estafa se habría desarrollado durante al menos tres años, y consistía en ofrecer falsas cirugías oftalmológicas gratuitas a pacientes que, posteriormente, eran derivados a consultorios privados donde se les cobraban estudios y prácticas que luego se facturaban a obras sociales como PAMI e IOMA.
Aunque los pacientes creían estar accediendo a un servicio público sin costo, en realidad estaban siendo parte de un circuito de facturación paralela que operaba a espaldas del sistema de salud municipal. Incluso en varios casos, los afectados terminaron abonando de su propio bolsillo por servicios que creían gratuitos.
La denuncia sostiene que el intendente Mauro García no solo estaba al tanto de estas prácticas, sino que las habría impulsado y coordinado, con el objetivo de montar una estructura dedicada al enriquecimiento personal y político. “El intendente lidera una organización creada por él mismo, cuyo fin es el cobro de dineros de origen espurio”, expresa el documento, que ya fue remitido al procurador general bonaerense Julio Conte-Grand.
Uno de los puntos clave de la presentación es el pedido de que la causa sea retirada de la órbita del Departamento Judicial de Mercedes, al considerar que podría haber riesgo de encubrimiento o interferencias en la investigación.
De la atención gratuita al negocio millonario
El hospital oftalmológico, que originalmente fue presentado como una iniciativa solidaria para garantizar el acceso gratuito a cirugías oculares, funcionaba —según la denuncia— como un “anzuelo” para atraer pacientes. Una vez realizada la primera consulta, se los derivaba al consultorio privado del matrimonio Travani, donde se les hacían los estudios preoperatorios y se facturaban de manera directa a obras sociales. Parte de ese dinero, afirma la denuncia, regresaba en forma de retornos al círculo político que comanda García.
El escándalo comenzó a visibilizarse a partir de la denuncia pública del periodista local Raúl Nieto, quien descubrió el mecanismo al intentar atender a su madre en el hospital. La exposición mediática provocó una reacción inmediata del municipio, que desplazó a los Travani de sus cargos. Sin embargo, lejos de desmontar la estructura, el intendente habría impulsado un proyecto para formalizar la contratación del consultorio privado, otorgándole un marco de legalidad al esquema.
Sospechas sobre el patrimonio del intendente
El documento también apunta al crecimiento patrimonial de Mauro García y su entorno más cercano. Según la denuncia, el intendente habría incrementado notoriamente su nivel de vida, con la compra de vehículos de colección, la construcción de una quinta y la adquisición de bienes no declarados. Además, se señala como presunto testaferro y operador de fondos irregulares a Javier Horacio Acuña, actual director de la Secretaría Privada de la municipalidad y ex proveedor del Estado.
Acuña sería quien maneja la caja chica del esquema: distribución de licitaciones entre allegados, pagos informales, y hasta —según el escrito— “garantizar el consumo social de drogas propio y de su jefe”, una frase que agrava aún más la denuncia y revela la profundidad del entramado.
Pedido de urgencia y cambio de jurisdicción
La presentación solicita una investigación penal urgente, el cambio de jurisdicción para asegurar la transparencia del proceso, y la inmediata intervención del hospital. Se trata, según indica el texto, de un sistema diseñado para vaciar recursos públicos bajo el disfraz de la atención solidaria, con el aval de las máximas autoridades municipales.
El caso ya empieza a generar repercusiones políticas en General Rodríguez y a nivel provincial, donde se espera que la Justicia avance para esclarecer la veracidad de los hechos denunciados y establecer las responsabilidades correspondientes.