FRAUDE – Una farmacéutica y un médico están imputados por defraudación a la administración pública. Se sospecha que usaron claves oficiales del sistema digital para facturar medicamentos nunca entregados a 78 afiliados.
La Justicia Federal de Rafaela procesó a una farmacéutica y a un médico acusados de integrar una maniobra de defraudación al Estado mediante la emisión de recetas electrónicas falsas destinadas a obtener el pago de medicamentos nunca entregados a afiliados del PAMI. La investigación determinó que entre febrero y septiembre de 2021 se generaron al menos 612 recetas apócrifas a nombre de 78 afiliados, quienes negaron haber recibido los fármacos ni haberlos solicitado.
El fallo, dictado por el juez federal subrogante Aurelio Cuello Murúa, recayó sobre G.V.B., titular de una farmacia de la ciudad de Rafaela, y el médico A.J.M., residente en la localidad santafesina de Gálvez. Ambos fueron procesados por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, previsto en el artículo 174 inciso 5° del Código Penal. Según resolvió el magistrado, la mujer fue considerada autora de la maniobra fraudulenta, mientras que el profesional de la salud fue imputado como partícipe necesario.
De acuerdo con el expediente judicial, la maniobra consistió en simular la prescripción y venta de medicamentos con cargo al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI). Para ello, los imputados emitían recetas electrónicas a través del Sistema de Receta Digital del PAMI utilizando usuarios y claves habilitadas, pero consignando datos de afiliados que no eran pacientes reales del médico o que no habían solicitado medicación alguna.
Una vez validadas las recetas, la farmacia imputada facturaba la supuesta entrega de los medicamentos ante el PAMI, que realizaba el reintegro correspondiente. Sin embargo, los remedios nunca se entregaban: los afiliados declararon no haber recibido la medicación ni haber autorizado a nadie a retirarla. La defraudación habría generado un perjuicio económico para el organismo estatal de $1.125.228 a valores de 2021, según precisó el fallo.
La causa se inició tras una denuncia realizada por el Área Legal del PAMI a través de un correo electrónico remitido a la Fiscalía Federal Descentralizada de Rafaela, en diciembre de 2021. El organismo detectó inconsistencias en la facturación de recetas electrónicas que se emitían en forma recurrente a nombre de los mismos afiliados y para medicamentos de alto costo o de uso crónico, lo que encendió las alarmas internas.
Luego de una auditoría administrativa, el PAMI verificó que ninguno de los beneficiarios había retirado los medicamentos ni los había autorizado, lo que motivó la radicación de la denuncia penal. La investigación concluyó que los acusados abusaron del sistema de receta digital, que fue creado para facilitar el acceso a los medicamentos durante la pandemia, cuando los afiliados tenían dificultades para circular.
La causa se encuentra en etapa de instrucción. Los imputados podrían afrontar penas de hasta seis años de prisión en caso de ser hallados culpables. El juez ordenó un embargo preventivo sobre los bienes de ambos imputados por la suma de $1 millón cada uno, con el fin de garantizar una eventual reparación del perjuicio al Estado. Además, dispuso medidas de coerción personal: ambos deberán mantener domicilio fijo, comunicar cualquier cambio al tribunal y comprometerse a no entorpecer la investigación.