DIPUTADOS – La Comisión de Presupuesto será eje de la mega sesión del miércoles, donde la oposición acusa a José Luis Espert de incumplimiento de funciones y de vínculos con un empresario investigado en EE. UU., buscando limitar su influencia en la gestión presupuestaria del Gobierno de Milei.
Tras la reciente derrota del gobierno de Javier Milei en el Senado, donde se rechazaron los vetos a la emergencia en pediatría y al financiamiento universitario, los bloques opositores convocaron a una sesión de alto impacto político en la Cámara de Diputados para el miércoles 8 de octubre. La agenda combina la reforma del régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), la remoción de José Luis Espert como presidente de la Comisión de Presupuesto y la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con la posibilidad de avanzar hacia una moción de censura.
El primer proyecto busca limitar la facultad del Presidente para emitir DNU sin control parlamentario. La iniciativa, que ya tiene media sanción del Senado, establece un plazo de 90 días para que el Congreso se pronuncie sobre la validez de los decretos; si no lo hace, caducan automáticamente. Además, requiere la aprobación de ambas Cámaras para mantenerlos vigentes. En la práctica, bastaría que la oposición logre mayoría en una sola de las cámaras para invalidar cualquier decreto presidencial, lo que limitaría significativamente la capacidad de acción de un Ejecutivo con minoría parlamentaria.
El segundo punto, y uno de los más sensibles políticamente, es la remoción de José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto. La oposición lo acusa de “incumplimiento de funciones” por mantener cerrada la comisión durante varios meses y por sus presuntos vínculos con Fred Machado, empresario investigado en Estados Unidos por narcotráfico. La causa sobre estas denuncias concentra la atención de los bloques opositores y se presenta como el eje de la ofensiva parlamentaria, ya que apartar a Espert no solo marcaría un golpe político al oficialismo, sino que también reforzaría la fiscalización de partidas clave y la transparencia en la gestión presupuestaria.
El tercer tema es la interpelación a Guillermo Francos, jefe de Gabinete, sobre la suspensión de la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad. Desde el oficialismo se aduce falta de recursos, mientras que la oposición advierte que, sin una reasignación de partidas, avanzarán con una moción de censura. Este mecanismo, previsto en el artículo 101 de la Constitución desde la Reforma de 1994, permite al Congreso remover al jefe de ministros por razones políticas. Francos, principal interlocutor “negociador” del Gobierno, sería afectado directamente, debilitando la estructura operativa del Ejecutivo.
La sesión también abordará otros temas clave: poner fecha tope al debate sobre el Plan de Ingresos y Gastos 2026, la selección del nuevo Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, proyectos sobre emergencia productiva y financiera para MiPyMEs, y medidas sobre endeudamiento externo, importaciones de maquinaria, financiamiento científico y el ENARD. Asimismo, se discutirá la modificación del reparto del impuesto a los combustibles, un punto estratégico para presionar a gobernadores y garantizar quórum.
La convocatoria reúne firmas de los bloques Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y ex libertarios de Coherencia, evidenciando un frente opositor amplio y coordinado. El caso de Espert, por sus presuntos vínculos con un empresario investigado internacionalmente, se erige como el elemento central de la ofensiva parlamentaria, concentrando la atención mediática y política en torno a la fiscalización del manejo presupuestario y la limitación del poder del Ejecutivo.
La sesión del miércoles se proyecta como un momento clave en la relación de poder entre el Gobierno y el Congreso, donde las denuncias contra Espert y la reforma de los DNU podrían redefinir la capacidad de Milei para implementar su agenda legislativa.