(NA) – El Tribunal Oral Federal número dos anunciará hoy el veredicto en el juicio por la obra pública de Santa Cruz entre 2003 y 2015, por el que la fiscalía pidió para la ex presidenta Cristina Kirchner la pena de 12 años de prisión como jefa de una asociación ilícita.
El tribunal, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini, dará a conocer sólo el veredicto (inocente o culpable, y en este último caso cuántos años de pena) mas no aún los fundamentos de la sentencia.
Los jueces disponen de un período de 40 días hábiles para dar a conocer esos fundamentos, lo cual –teniendo en cuenta la proximidad de la feria judicial de enero- estira los plazos al primer trimestre del año próximo.
En total, son 13 los imputados por dos delitos: asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
El juicio comenzó en mayo de 2019 y celebró casi un millar de horas de audiencias, que tuvieron su etapa más resonante con los alegatos de la fiscalía y las defensas.
En caso de condenas, el delito de administración fraudulenta conlleva además la pena de «inhabilitación especial perpetua» para ocupar cargos públicos.
Durante la sustanciación del debate se produjeron dos situaciones que modificaron el escenario inicial: con el cambio de gobierno, la Oficina Anticorrupción dejó de ser querellante y en la etapa de alegatos, la Unidad de Información Financiera desistió de pedir pena para los imputados.
Así, sólo los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola mantuvieron en pie la acusación y pidieron penas que van de los dos a los 12 años de prisión, en este último caso para Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez.
En el tramo final del juicio, además, trascendieron fotografías en las que el juez Giménez Uriburu y el fiscal Luciani aparecen integrando un equipo de fútbol amateur que disputaba torneos en la quinta Los Abrojos, propiedad del ex presidente Mauricio Macri.
Las querellas, especialmente la de la vicepresidenta y la del ex ministro Julio De Vido, recusaron al fiscal y al juez, pero los planteos fueron desestimados.
Cristina Kirchner declaró en dos oportunidades en el juicio: al principio, en indagatoria y sin responder preguntas, y durante el alegato de su defensa, a cargo de los abogados Alberto Beraldi y Ary Llernovoy.
Previo a esa última exposición había pedido ampliar su indagatoria, pero el tribunal no se lo permitió porque ya estaba en marcha la etapa de alegatos.
Entonces la vicepresidenta optó por formular en una transmisión en vivo de Youtube ese descargo que tenía previsto en el juicio.
El veredicto es apelable en al menos una instancia, la Cámara Federal de Casación Penal, y eventualmente también ante la Corte Suprema por vía de un «recurso extraordinario» o, en su defecto, un «recurso de queja».
Sólo después de la intervención de la Corte, la sentencia tendrá fuerza de cosa juzgada.
Hoy el tribunal escuchará las últimas palabras del ex funcionario de Vialidad Juan Carlos Villafañe y luego fijará el horario para leer la sentencia.
«Todo lo que se dijo es una absoluta mentira»
La vicepresidenta Cristina Kirchner señaló que «todo lo que se dijo es una absoluta mentira, al criticar al Poder Judicial en la previa de la sentencia en el juicio de la causa Obra Pública, en la que se la acusa por supuestos delitos de corrupción.
«Se violaron todas las garantías constitucionales, todo lo que se dijo es una absoluta mentira, y el juez que instruyó esta causa, con las mismas obras y denuncias, había dicho que no era competente», expresó, en referencia a Julián Ercolini, ahora involucrado en los chats entre altos funcionarios judiciales vinculados al macrismo y el Grupo Clarín.
«Durante todo el juicio que duró tres años, en audiencias, todas las pruebas dicen que es una absoluta falsedad el querer involucrarme como presienta de la República, porque se está diciendo que hubo dos presidentes jefes de una asociación ilícita durante tres gobiernos democráticos, es imposible», planteó la ex mandataria en declaraciones a Folha de San Pablo.
En la misma línea, sumó: «En el Sur se investigó, hubo sobreseimiento, entonces cuando se violan todas las garantías, y el juez dice una cosa cuando había dicho otra a partir de las denuncias del Gobierno de Macri, es evidente que va a haber una condena».
Una eventual pena de prisión para la vicepresidenta Cristina Kirchner es un panorama literalmente imposible por sus fueros y porque, de haber una condena, llevará años de proceso judicial hasta quedar firme.
De conocerse un veredicto condenatorio en contra de la ex mandataria y demás implicados, esa resolución no conllevará consecuencias jurídicas inmediatas para Cristina.
Es que en caso de ser condenada, de por sí ella tiene fueros como vicepresidenta de la Nación, pero además si no llegara a gozar de los mismos, también su situación va a quedar supeditada a que ese veredicto quede firme. En el medio debe pasar la instancia revisora de la Cámara Federal de Casación Penal y por último, la Corte Suprema de Justicia.
Recién cuando el Alto Tribunal resuelva se define la firmeza del fallo y sí ella podría ir presa y recaer la prohibición de ejercer cargos públicos tal cual lo solicitó la fiscalía, en el caso de que los jueces ratifiquen ese pedido de pena.
Pero para recorrer ese espinel judicial son muchos los años que conlleva, siempre y cuando, no haya ningún recurso favorable en el medio para la vicepresidenta, que el 19 de febrero de 2023 cumplirá 70 años.
Por ello, de haber condena no habrá ningún impedimento jurídico si ella decide alguna candidatura de cara a las elecciones generales del año próximo ni tampoco el riesgo de su libertad. Sí, claro está, existiría una consecuencia de tinte político que tiene que ver con la eventualidad de ser una vicepresidenta en ejercicio condenada.
Una vez dictada la sentencia es de esperar que si hay condenas los que la sufran apelen y de haber algo contrario a lo solicitado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, estos también pueden recurrir el fallo.
Pero eso recién será a partir del año próximo, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 dé a conocer los fundamentos, tras lo cual cuentan las partes con 10 días para apelar a la Cámara Federal de Casación Penal.
Luego ese Tribunal no tiene plazos establecidos, pero después de su resolución, queda como última instancia de discusión la de la Corte Suprema de Justicia.