APLICACIÓN SUSPENDIDA – El Gobierno nacional oficializó la promulgación de las leyes de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) y de Emergencia Pediátrica (Ley 27.796), aunque su entrada en vigencia quedó suspendida hasta que el Congreso de la Nación asigne las partidas presupuestarias necesarias.
Ambas disposiciones fueron publicadas este martes en el Boletín Oficial, mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, firmados por el Poder Ejecutivo. Si bien las normas habían sido ratificadas por Diputados y Senadores tras el veto del presidente Javier Milei, su aplicación fue postergada al argumentar el impacto fiscal que implicarían.
En los decretos se aclara que la promulgación se realiza “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley 24.629”, que establece que toda norma que disponga gastos debe prever su financiamiento, y que, en caso contrario, su ejecución “quedará suspendida hasta que se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.
La Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente tiene como objetivo “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el país”. Establece una actualización automática de los gastos según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, y dispone que la Auditoría General de la Nación controle el uso de fondos en las universidades, con informes remitidos al Congreso.
El artículo 9 de la norma ordena al Poder Ejecutivo adecuar las partidas presupuestarias para actualizar los fondos universitarios al 1° de enero de 2025, sin afectar la coparticipación federal ni los aportes del Tesoro nacional. También autoriza el uso de ingresos excedentes por encima de lo presupuestado.
En tanto, la Ley de Emergencia Sanitaria Pediátrica declara la emergencia del sistema de salud infantil por un año y establece la asignación prioritaria de recursos a hospitales, insumos, medicamentos, vacunas y personal de salud. Además, contempla la recomposición salarial inmediata del personal sanitario y la exención del impuesto a las ganancias para quienes realicen guardias, horas extras o tareas críticas.
La norma designa al Hospital Garrahan como centro nacional de referencia en atención pediátrica de alta complejidad y ordena crear una comisión de seguimiento y evaluación, integrada por representantes del Congreso, el Ministerio de Salud, el COFESA y la Sociedad Argentina de Pediatría.
Según el decreto, “mientras dure la emergencia, los programas y acciones de salud infantil y adolescente tendrán prioridad en la asignación y ejecución presupuestaria”, especialmente en hospitales públicos y áreas críticas como neonatología, oncología y trasplantes.