DE FORMA VIRTUAL
El Colegio de Abogados de Zárate Campana impartió un curso online sobre la ley 27.551, que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación y establece nuevas reglas para los contratos de alquileres.
“Capacitamos a los abogados de nuestro departamento judicial sobre la nueva Ley de Alquileres, que tendrá un gran impacto, no sólo en el ámbito inmobiliario, sino fundamentalmente en el derecho de acceso a la vivienda por parte de los ciudadanos y ciudadanas” sostuvo el presidente del CAZC, Dr. Marcelo Fioranelli.
A cargo del Dr. Mariano Esper, la capacitación se da en el marco de la propuesta de cursos virtuales que lleva adelante el CAZC.
La nueva norma entró en vigencia el 1° de julio e impactará en nueve millones de argentinos que alquilan en todo el país.
Entre los puntos centrales se destaca la regulación de los aumentos, la duración de los contratos y la ampliación de las opciones a la hora de presentar la garantía.
Hasta ahora, se pactaban generalmente incrementos semestrales con valores arbitrarios que, con la nueva ley, deben ser calculados con una fórmula de indexación mixta que combina en un 50 % la evolución de los salarios (el índice Ripte) y un 50 % por la evolución de la inflación que mide el INDEC (IPC).
Asimismo, el plazo mínimo del contrato se amplía de dos a tres años, con las excepciones del artículo 1.199 del Código Civil y Comercial de la Nación.
En referencia a la garantía, el locatario debe proponer al menos dos alternativas entre distintas opciones: título de propiedad inmueble, aval bancario, seguro de caución, fianza o garantía personal del locatario (recibo de sueldo, certificado de ingresos). En el mismo sentido, el mes anticipado y el de depósito de garantía no pueden ser mayores que el equivalente a un mes de alquiler.
Con respecto a las expensas, aquellas que deriven de gastos habituales quedan a cargo del inquilino, mientras que las expensas extraordinarias debe pagarlas el locador.
En tanto, la norma establece la obligatoriedad de declarar los contratos de locación ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
La nueva ley dispone del desarrollo de mecanismos de bajo costo o gratuitos para la resolución de conflictos derivados de los contratos de locación.
