Bruce Lee Bermudo, empresario, ex candidato local y operador del narcotráfico internacional, fue señalado por informantes en Estados Unidos. Su historia conecta producción de cocaína, rutas globales, millonarios cargamentos, influencia política y una evasión que dejó preguntas abiertas.
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La historia de Bruce Lee Bermudo Guerra —conocido como el “Gordo Bruce”— es un ejemplo claro de cómo ciertos operadores del narcotráfico peruano lograron, con el tiempo, expandirse desde el VRAEM hacia redes internacionales y, en paralelo, insertarse en la política regional. Su nombre tomó mayor relevancia internacional cuando, en mayo de este año, agentes de la DEA informaron a la Dirección Antidrogas peruana que integrantes de una red desarticulada en Texas habían identificado a Bermudo como su proveedor directo de cocaína. Los testimonios daban cuenta de dos viajes a México, donde supuestamente se reunieron con él para coordinar entregas.
Para entonces, Bermudo ya tenía un historial político: el 2 de octubre de 2024 se había afiliado al partido Alianza para el Progreso (APP). Antes había formado parte de movimientos regionales como Agua y Wari Llaqta, y hasta había sido candidato a una alcaldía en Ayacucho. Desde esa plataforma construyó un perfil público que le permitía moverse con mayor libertad mientras mantenía negocios ilegales.
La Dirandro lo tenía registrado desde hacía tiempo. Su clan familiar, originario de Sivia —uno de los puntos críticos del narcotráfico en el VRAEM—, operaba con un nivel inusual de logística. En lugar de instalar laboratorios en zonas tradicionales, Bermudo montó su centro de procesamiento en Santa María de Nieva, en Amazonas. Esa ubicación le permitía mover droga por rutas alternativas y salir hacia Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala o México, evitando controles habituales.
La confirmación de su rol llegó con la llamada Operación Gambeta, realizada el 12 de noviembre de 2024. Ese operativo terminó con la incautación de más de una tonelada de cocaína camuflada en cartones prensados en el puerto del Callao, un cargamento valuado en más de dos millones de dólares antes de llegar a México. Según la Dirandro, la droga tenía como destino final el mercado estadounidense, donde el precio se multiplica.
Los reportes financieros también daban señales. La Unidad de Inteligencia Financiera registró, hasta agosto de este año, movimientos sospechosos vinculados al narcotráfico por más de US$929 millones, lo que refleja la magnitud económica del negocio y la capacidad de lavarse dentro de actividades “legales”, como ciertos contratos estatales manejados por el entorno de Bermudo.
A pedido de la justicia de Texas, Bermudo fue detenido el 27 de octubre de 2025 por la División de Investigaciones Especiales (Divinesp) en la zona de Chiriaco, Amazonas. La jueza encargada del caso, Lorena Sandoval Huerta, ordenó su captura con fines de extradición. Sin embargo, el proceso tomó un giro inesperado: el 3 de noviembre, tras la presentación de documentos que supuestamente probaban arraigo familiar y laboral, la magistrada dispuso su excarcelación. Bermudo aprovechó esa resolución para fugar y, hasta el momento, continúa prófugo.
Para el jefe de la Dirandro, general PNP Nilton Santos Villalta, el caso es parte de un patrón: “Ya ha habido varios casos en el Perú de ciudadanos vinculados a actividades ilegales que buscan refugio en la política. No me sorprende”, señaló. Según explicó, si la policía detecta que una persona vinculada a delitos intenta ocupar un cargo público con fondos de origen dudoso, deben reportarlo de manera inmediata a las autoridades competentes.
El caso del “Gordo Bruce” pone sobre la mesa dos temas sensibles: el alcance internacional de ciertos operadores peruanos y el avance de la narcopolítica en regiones donde el narcotráfico ofrece dinero, logística y “oportunidades” para quienes quieren ascender en estructuras formales del Estado.
Entre enero y noviembre de 2025, la Dirandro incautó 29 toneladas de cocaína y desarticuló 91 organizaciones vinculadas al narcotráfico. Aun así, la fuga de Bermudo deja en claro que, más allá de los golpes operativos, la articulación entre crimen organizado y política local sigue siendo un desafío abierto.