SEGURIDAD – El gobierno de Estados Unidos ha reforzado en los últimos días sus medidas de control sobre compañías extranjeras que trabajan con tecnologías de “uso dual”, es decir, aquellas que pueden tener aplicaciones tanto civiles como militares. La decisión responde a preocupaciones sobre seguridad nacional en un escenario global marcado por tensiones crecientes, en especial con China y Rusia.
Entre las nuevas exigencias se encuentran auditorías más estrictas, obligación de transparencia en la estructura accionaria, limitaciones a la influencia de capitales extranjeros (FOCI) y mayor supervisión por parte del Comité de Inversión Extranjera en EE.UU. (CFIUS). Además, se amplían los controles a la exportación de software, hardware y componentes considerados estratégicos.
Las empresas tecnológicas internacionales que quieran acceder al mercado estadounidense deberán adaptarse a este nuevo marco. En la práctica, significa crear filiales locales, separar actividades sensibles y ofrecer garantías de que sus desarrollos no serán transferidos a actores hostiles. Incluso aspectos como la ubicación de servidores o la gestión de propiedad intelectual entran ahora en la lupa de las autoridades.
El trasfondo de esta política es evidente: en un mundo donde la inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología y la ciberseguridad tienen un impacto directo en la defensa, EE.UU. busca asegurarse de que sus rivales no aprovechen debilidades regulatorias. Las empresas que no cumplan se arriesgan a sanciones millonarias o incluso a la pérdida de contratos clave.
Para algunos analistas, esta estrategia puede derivar en una fragmentación tecnológica global, con “bloques” de innovación separados según alianzas políticas. Otros sostienen que la medida podría ahuyentar inversiones extranjeras. En cualquier caso, deja en claro que el cruce entre economía y seguridad marcará la agenda internacional de los próximos años.