Por Dylan Oliver – Lo ocurrido ayer al mediodía en pleno centro de Belén de Escobar no solo dejó como saldo la aprehensión de un presunto delincuente, sino que también expuso un episodio que merece ser señalado con firmeza: el indebido accionar de efectivos de Policía Municipal hacia trabajadores de prensa y hacia los ciudadanos que simplemente transitaban por la zona.
El hecho fue claro y contundente. Un individuo fue reconocido por la víctima de un robo, perseguido y reducido con la ayuda de transeúntes, para finalmente ser entregado a las fuerzas policiales. La escena ocurrió en la vía pública, en la intersección de Colón y Tapia de Cruz, y naturalmente despertó la atención de los vecinos y peatones que, como cualquier ciudadano, tienen el derecho a observar lo que ocurre en un espacio común, abierto, público.
Periodistas de nuestro medio se hicieron presentes para cumplir con su deber profesional: documentar, informar y brindar a la comunidad un registro fiel de lo sucedido. Como es la ya popularmente reconocida política editorial de El Diario de Escobar, en todos los casos se resguarda la identidad de las personas involucradas, especialmente aquellas que se encuentran en calidad de imputadas, tal como establece la normativa vigente y el respeto por las garantías constitucionales.
Sin embargo, los trabajadores de prensa fueron interpelados por más de una agente de Policía Municipal, quienes les exigieron que “bajaran las cámaras” y se abstuvieran de registrar el procedimiento. Pese a que se les explicó de manera cordial que estaban en pleno ejercicio de su labor, la insistencia y la actitud restrictiva por parte del personal policial se mantuvo.
Más grave aún fue la intimidación ejercida hacia los civiles presentes, a quienes se les ordenó que se retiraran bajo amenaza de ser “llevados como testigos”. Una medida improcedente y sin sustento, que busca generar miedo o desalentar la presencia ciudadana en hechos de interés público.
Es indispensable recordar que la labor periodística en la vía pública está amparada por la ley y que ningún agente del Estado puede coartar ese derecho sin violar principios básicos de libertad de prensa y acceso a la información. Pretender condicionar o restringir el trabajo de los medios, especialmente cuando se está actuando con responsabilidad, es no solo un acto fuera de lugar, sino un retroceso preocupante en materia de convivencia democrática.
Desde este medio instamos a las autoridades competentes a revisar y fortalecer la capacitación de los cuerpos de seguridad municipales en lo que refiere al trato con la prensa y con los ciudadanos. El desconocimiento de los límites de su accionar no puede seguir siendo justificación para el atropello.
No se trata de enfrentar a las fuerzas policiales, que cumplen una función indispensable, sino de exigir que ese cumplimiento se dé en el marco de la legalidad, el respeto institucional y los derechos fundamentales.
Porque si se vulnera el derecho a informar, se vulnera también el derecho de toda una comunidad a saber. Y ese, es un límite que no debe cruzarse.