Avanza la causa por el crimen de Sofía Fernández, la mujer trans de 38 años que fue asesinada dentro de la Comisaría Pilar 5ª: en las últimas horas declararon los diez policías detenidos por el terrible hecho, ocurrido en abril del año pasado.
Horas después de que la Justicia dispusiera la detención de la decena de efectivos, estos declararon ante un equipo de fiscales integrado por Manuel Cayuela, titular de la UFI de Violencia de Género de Pilar, la ayudante fiscal Victoria Santamaría y el fiscal Esteban Álvarez de San Isidro, este último designado por el Fiscal General, John Broyad.
Cinco de los imputados están acusados de homicidio triplemente calificado por odio a la identidad de género, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser perpetrados por miembros integrantes de la fuerza policial: Carlos Rodríguez, Yésica Isabel Núñez, Viviana Ruiz, Gonzalo Germán Robles y Ezequiel Francisco Ávalos Ibáñez. La grave acusación que pesa sobre ellos podría llevarlos a ser condenados a reclusión perpetua.
En tanto, los otros cinco fueron detenidos por encubrimiento calificado por resultar el hecho precedente especialmente grave y por ser perpetrado por miembros integrantes de la fuerza policial, es decir, por no haber informado lo sucedido y por haber adulterado pruebas y documentos públicos. Son Daniel Eduardo Salerni (quien en ese entonces era el jefe de la dependencia), Miriam Valor, Gabriela Miño, Camila Pitulak y Gustavo Gabriel Camacho. Las penas en su caso van de 1 a 12 años de prisión de ser hallados culpables.
“Declararon durante varias horas. Empezaron al mediodía del jueves y terminaron cerca de las 2 de la mañana del viernes”, confirmó Ignacio Fernández Camillo, abogado de la familia de la víctima.
Si bien por sus extensiones –son entre 10 y 15 carillas cada una- aún no estudió en profundidad cada declaración, el letrado agregó que “dieron detalles y hablaron en forma exhaustiva sobre lo ocurrido, incluyendo la secuencia previa y el momento de la aprehensión de Sofía”.
No obstante, en los próximos días con la lectura de los diversos textos se sabrá si los efectivos siguen una coartada común o si hubo algún tipo de contradicción o acusación mutua.
De la misma forma, la defensa pidió un habeas corpus para saber adónde fueron alojados los policías. En este sentido, se estima que habrían sido trasladados a la Unidad 60, inaugurada el año pasado en Merlo. En su lugar de reclusión estarán apartados de los demás detenidos, para resguardar su seguridad por su condición de efectivos de la fuerza.
Sofía Fernández tenía 38 años, era docente de Literatura y estaba por comenzar la carrera de Enfermería. Tras ser detenida en circunstancias aún poco claras, su cuerpo sin vida apareció en una celda de la comisaría 5º, ubicada a metros del cruce de acceso a Presidente Derqui.
Su muerte fue reportada por la policía dos días después del arresto. En su momento, los oficiales le dijeron a la familia que el cuerpo se encontró “por casualidad” durante una revisión del buzón externo del establecimiento. Luego, los mismos policías aseguraron que el deceso se debió a una “muerte súbita”.
Pero la autopsia demostró el calvario que Sofía debió atravesar en sus últimas horas de vida: en realidad, la muerte se produjo por “asfixia traumática por obstrucción de la vía aérea”, ya que murió ahogada por trozos de colchón y su propia ropa interior. Al mismo tiempo, fue sujetada y golpeada por tres o más personas, mientras que “no se puede descartar la concurrencia de maniobras de abuso sexual por vía anal, dado los hallazgos cito genéticos”.
Por esto es que los investigadores consideran que el móvil del crimen fue el “odio por la identidad de género de la víctima”.