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miércoles, noviembre 13, 2024
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    Continúa el conflicto por el barrio El Naudir-Delta

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    DENUNCIAN DAÑO AMBIENTAL – Luego de la decisión de la Justicia respecto al pedido de información presentado por la Organización de Ambientalistas Autoconvocados en relación al denominado barrio El Naudir-Delta, FM Líder dialogó con Pablo Varela, quien explicó detalladamente por qué están preocupados por la continuación de las obras y la falta de respuesta a la medida cautelar presentada.

    «El tema El Naudir-Delta lo venimos trabajando desde las Organizacion Ambientalistas Autoconvocados y también desde varias organizaciones y otros sectores de la comunidad de Escobar preocupados por el avance de una obra que es muy destructiva para el ambiente. Este tipo de emprendimientos, no solamente El Naudir-Delta sino otros que están en proyecto que si se mantienen generarán un daño ambiental realmente gigantesco en general, como ya lo han generado los que ya están establecidos. El tema es que en el caso El Naudir-Delta se trata de un emprendimiento que ha demostrado tener graves falencias en el proceso de habilitación que hace que la Organización lo haya denunciado ante la justicia por ser un emprendimiento ilegal que debería ser inmediatamente paralizado o clausurado por la justicia».

    Sobre los daños ambientales ya producidos, Varela determinó que «las leyes ambientales indican que debería ser reparado el daño producido. Eso está taxativamente establecido en la Ley General de Ambiente, que además reconoce un antecedente reciente que es el caso del barrio Amarras de Gualeguaychú en un fallo de la Corte Suprema que ya es bastante conocido donde obliga, en un caso muy similar al de El Naudir-Delta en donde el proceso regulatorio había sido viciado de nulidad y que a pesar de que existían autorizaciones administrativas, al no haber cumplido con muchos de los requisitos que establece la Ley y además de haberse acreditado que producen un grave daño ambiental las autorizaciones administrativas fueron anuladas y la Corte Suprema ordenó a la empresa que tenía que recomponer todo el daño producido, es decir, donde había estado la laguna tenía que volver a recomponer la situación original de los humedales preexistentes, desmontar todas las obras que había realizado, etc. Lo mismo se aplica al caso en donde como estos emprendimientos o fideicomisos que los inversionistas adelantan el dinero para tener un futuro lote, lo mismo sucede en esto, ahora es la empresa que tiene que responder ante los inversionistas si no el Estado Municipal y por supuesto que no se pueden ir de Escobar, realmente tienen que responder funcionarios en caso que se demuestre finalmente en la justicia lo que nosotros sostenemos, tendrán que responder los funcionarios también que hayan participado en este proceso viciado de nulidad en connivencia con la empresa.

    Respecto al fallo contra el municipio por «ocultamiento de información», Pablo contestó que «sobre este emprendimiento no había ninguna información pública, de hecho veíamos movimientos de suelo bastante masivos, excavaciones. Estoy hablando desde antes del año 2019, ya desde el año 2016 eran evidentes las obras. Nosotros estamos en contacto con esta realidad porque también está en un lugar difícil de ver desde la ruta o desde otros lugares. Apenas se hizo evidente acudimos a la Municipalidad, como lo hacemos en cualquier caso, a pedir información y ver de qué se trata el emprendimiento, qué autorizaciones tiene, cuál es el proyecto. Toda esa información es información pública y encuadra claramente en lo que se llama «información pública ambiental», está amparada en la Constitución Nacional y en muchísimas leyes, no hay ninguna duda de que se trata de información pública ambiental. Nosotros hicimos el pedido de información en abril de 2019 y la realidad es que el municipio sistemáticamente se negó a entregar la información que queríamos que era basicamente la identificación de proyecto, los estudios de impacto ambiental, la declaración de impacto ambiental que es la autorización que el Estado tiene que dar para que la obra pueda llevarse adelante… no obtuvimos ninguna de esa información. Acudimos a la Defensoría del Pueblo que también instó al gobierno a entregar información y tampoco lo hizo, hasta que finalmente tuvimos que acudir a la justicia, cosa que no nos gusta porque nos genera esfuerzos y gastos desmedidos. Decimos que los funcionarios de la administración pública estatal en lugar de facilitar el derecho de la ciudadanía a informarse y a defender el ambiente, que es un deber constitucional además, lo obstaculice y pone palos en la rueda, o por razones que desconocemos pero que podemos intuir facilmente».

    «El Naudir-Delta es una parcela de aproximadamente 200 hectáreas que viene ser a continuación de otros barrios existentes del mismo emprendedor que ya tiene El Naudir Aguas Privadas y El Casal y además tiene el proyecto de construir otro barrio más entre el Naudir-Delta que completaría ocupadas de urbanizaciones todo lo que se conoce como ‘la Cañada de El Cazador’ y lo que está entre la ‘Barranca de El Cazador’ y el Río Luján, basicamente. El Naudir-Delta son 200 hectáreas pero todo ese territorio, en conjunto, suma aproximadamente 600 hectáreas».

    Con respecto a los ecosistemas, «ya han sido destruidos en Puertos del Lago, en San Matías, en El Casal, y en tantos otros lugares. En Escobar tenemos más o menos 2.500 hectáreas destruidas en humedales».

    «¿Es necesario seguir destruyendo humedales? Estas empresas que se autodenominan desarrolladoras, nosotros las denominamos ‘mercaderes de suelos’ porque su gran negocio es comprar suelos baratos y venderlos caros. Es un negocio gigantesco y creemos que es hora de poner un poco de balance en la política ambiental municipal y preservar la totalidad de los humedales que quedan en el partido de Escobar para la conservación y eso no implica no usarlos, implica poder usarlos para otras cosas, pero no destruirlos porque la urbanización implica necesariamente destruirlos y con ello todo lo que es depositario de los humedales frescos», afirmó Varela.

    La causa está en el Juzgado Civil y Comercial N° 2 del Departamento Judicial de Zárate-Campana, a cargo del Dr. Mariano Otero. «Con una actuación que nosotros consideramos ‘demasiado morosa’, es decir, la causa está hace 7 meses en el juzgado. El juez no ha decidido sobre la medida cautelar que hemos solicitado, cuando debería hacerlo de acuerdo al procedimiento judicial en 24 horas o a lo sumo en pocos días. La ‘destrucción’ ha avanzado muchísimo y el juez sigue sin dictaminar. Esta es una estrategia que las organizaciones estamos acostumbradas a ver en los juzgados».

    «Hemos pedido al juez que remita la causa a sede penal. En el caso de Escobar incumplimiento de deberes de funcionario público, una falsificación ideológica de instrumento público. La causa estamos planteando para que sea remitida a una investigación penal».

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