CONDENADO POR CRIMEN – La familia y la fiscalía habían solicitado una pena de 15 años.
Guillermo “Paraguayo” Romero Molinas, menor de edad al momento de cometer el crimen de Uma Aguilera, la niña asesinada durante un intento de robo en Villa Centenario, fue condenado a 12 años de prisión, según confirmó la madre de la víctima a la agencia Noticias Argentinas. La familia y la fiscalía habían solicitado una pena mayor, de 15 años, lo que generó una sensación de descontento entre los allegados de la niña.
“La verdad teníamos la esperanza de que le dieran lugar al pedido de 15 años solicitado por el fiscal y nosotros”, lamentó María Eugenia, madre de Uma, tras conocerse el fallo. Romero Molinas tenía 17 años al momento del hecho, ocurrido el 22 de enero de 2024, y fue juzgado en el marco del Tribunal Único de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora, a cargo de la magistrada Marta Pascual.
El joven se encuentra actualmente detenido en el Servicio Penitenciario de Florencio Varela, y la condena se dictó tras un juicio abreviado. La madre de la víctima cuestionó que Romero Molinas “aceptó lo que se pidió” y firmó, pero no comprende por qué la jueza redujo la pena respecto de lo solicitado.
“Sentimos mucho dolor y angustia. Nos cuesta creer que la jueza, mientras nosotros esperábamos que firmara la sentencia, le otorgó un permiso de salida solicitado por el centro donde estaba alojado”, sostuvo la mujer. Además, expresó su impotencia ante la sensación de que los derechos de los asesinos se encuentran por encima de los de las víctimas: “Es difícil entender cómo la vida de las personas no tiene valor”, agregó.
El crimen de Uma Aguilera había conmocionado a la localidad de Villa Centenario y al país en general, dado que la niña era hija de un custodio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La violencia del hecho y la participación de un menor en el delito agravó la expectativa social sobre la condena y generó un debate sobre la responsabilidad penal de adolescentes en crímenes graves.
A mediados de junio, otros coautores del hecho fueron sentenciados: Ariel Acuña Vega, Axel Emiliano “Pelusa” Rojas y Miguel Pastor “Patoto” Romero Molinas recibieron prisión perpetua por el delito de robo calificado con uso de arma de fuego, cometido en lugar poblado y en banda, agravado por la participación de un menor de 18 años. En paralelo, Nahuel Santiago Coman fue condenado a cinco años de prisión por ser partícipe secundario del mismo delito, y se ordenó su inmediata detención.
El caso marcó un precedente importante en el sistema judicial juvenil, al combinar la responsabilidad penal de menores con la gravedad del crimen cometido. La resolución de la jueza Pascual y el uso del juicio abreviado generaron tensiones entre la familia y las autoridades, dejando en evidencia la dificultad de equilibrar la aplicación de la ley con la percepción social sobre justicia en casos de violencia extrema.
Este caso continúa generando repercusión mediática y social, y es seguido de cerca por organizaciones de derechos de las víctimas, que plantean la necesidad de revisar las normas aplicables a menores involucrados en delitos graves, con el objetivo de garantizar un equilibrio entre justicia, reinserción y reparación.