Tal como lo adelantó este medio en una publicación anterior, las familias del histórico establecimiento educativo de Belén de Escobar continúan encabezando el reclamo contra los cobros extra en los aranceles y la falta de respuestas por parte de las autoridades.
El eje de las denuncias se centra en la intención de realizar un cobro por servicios a los que los estudiantes no acceden, y el hecho de que en la factura figuran ítems que, según aseguran, la escuela no brinda.
Este conflicto data de los inicios de la suspensión de clases a raíz de la pandemia, fecha desde la cual, y hasta el día de hoy, el Instituto Santa María continúa cobrando a los padres el mantenimiento edilicio, pese a que ningún estudiante se encuentra actualmente concurriendo al establecimiento. Otro importe que figura en el detalle del abono mensual es el referido al equipamiento didáctico. Los padres están desconcertados, ya que solo tuvieron tres días de clases presenciales y el resto del tiempo transcurrido se manejaron con el aula virtual, con aparatos electrónicos y conexión a internet abonada desde los hogares, tanto de los alumnos como de las docentes.
“No es falta de voluntad, sino que nuestros sueldos ya no resisten pagos de tal magnitud, más aun en estas circunstancias”, expresaron las mamás a través de una petición, evidenciando además que el colegio recibe un 70 % de subvención estatal para cubrir los distintos gastos, y que por ende no consideran que haya sido necesario el cobro de los intereses ni el incremento en las cuotas.
Tampoco están de acuerdo con tener que abonar una cifra tan alta ($ 2.464 por estudiante) por la materia de formación religiosa, ni con que además, siendo un colegio católico, esta sea extraprogramática y no esté incluida en la currícula básica.
Pero el gran foco del enojo que padecen en estos momentos los padres radica principalmente en haber firmado un contrato de aranceles el 30 de octubre de 2019, cuyo monto fue incrementado al mes siguiente e impactó sin previo aviso en la cuota de marzo 2020, sin notificación ni aviso alguno, sin consulta ni posibilidad de evaluarlo o de retractarse del acuerdo rubricado con el colegio.
Los reclamos comenzaron al momento de recibir la factura con el incremento en la cuota y continúan hasta la fecha, con un intercambio de pedidos de explicaciones y respuestas poco favorables por parte de los empleados del establecimiento, quienes afirman que las inquietudes “ya fueron enviadas a quien corresponde”.
“Nuevamente la respuesta es que el cobro de intereses está autorizado, ya que la resolución del Ministerio fue solo una recomendación. Desde la administración me respondieron que no van a bajar los intereses. No puedo llegar a nadie que me dé una respuesta sincera”, se quejó nuevamente una mamá con este medio. Mientras tanto, mes a mes llegan nuevas facturas y, lejos de congelar los importes, a medida que el tempo transcurre los intereses para aquellos que no pueden pagar continúan incrementándose.
