El juez federal Sebastián Casanello dispuso preventivamente la inhibición de bienes de los investigados por presuntas irregularidades en la administración de planes sociales y comedores populares.
Se trata de una medida provisoria, adoptada a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, después de que la Cámara Federal ordenara que se realizaran los allanamientos de las últimas horas.
Casanello dispuso, además, concretar una medida de prueba que ya había dispuesto previo a que la Cámara dispusiera los allanamientos: le pidió informes al Instituto Nacional del Asociativismo y Economía Social (INAES) sobre el control que ejerce respecto de los fondos y alimentos enviados a las organizaciones.
La medida involucra a 28 personas y comedores que dependen de cooperativas administrados por el Polo Obrero, Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).
Entre los inhibidos aparece Jeremías Cantero, sobre quien el gobierno de Javier Milei apuntó especialmente como supuesto responsable de las defraudaciones y presiones a beneficiarios de planes sociales para que concurrieran a movilizaciones.
La denuncia fue presentada por el Ministerio de Seguridad en virtud de la investigación iniciada por las llamadas recibidas a la Línea 134, con acusaciones anónimas y otras hachas por personas que se identificaron.
Las mismas manifestaron ser amenazadas con perder los beneficios de quienes reciben el Plan Potenciar Trabajo u otro todo tipo de asignaciones y planes sociales, si no se sumaban a las movilizaciones sociales.
Tras especificar las modalidades que utilizaban los denunciados, el escrito cita el artículo 22 bis de la Ley de Ministerios que establece la competencia del Ministerio de Seguridad en todo lo concerniente a la seguridad interior, a la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático.
«En virtud de ello, Bullrich solicitó asumir como querellante contra los imputados ya identificados», que son 28 personas, se informó en un comunicado de la cartera que dirige.
A partir de una denuncia del Ministerio de Seguridad, la Justicia federal realizó una decena de allanamientos a comedores del Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha y Barrios de Pie.
La cartera sostuvo que los imputados son 28 referentes barriales que fueron acusados de una serie de delitos: en principio, el de coaccionar a beneficiarios de planes para que asistan a las marchas.
Aseguró también que los acusados hicieron pagos para que la gente participara en manifestaciones, que hubo beneficiarios de planes a los amenazaron con «darles de baja» el plan e incluso que los alimentos enviados por el Estado a los comedores comunitarios fueron «vendidos».
Se supo que continúa la investigación a nivel nacional y no se descarta que la modalidad habría sido impuesta en varios municipios bonaerenses, incluso en distritos de la zona norte.