Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana amanecieron este lunes completamente blindados con vallas metálicas de cerca de tres metros de altura, en preparación para la marcha feminista convocada este martes 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las estructuras comenzaron a colocarse durante la madrugada y abarcan amplias zonas del centro histórico, generando un fuerte impacto visual en el Zócalo capitalino y reavivando el debate sobre el uso de estas medidas de contención durante manifestaciones sociales.
Las vallas, que cubren desde la calle Seminario hasta la esquina de Corregidora —justo frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación—, también cercan completamente el frente de la Catedral y su costado derecho. La magnitud del operativo recuerda a otras jornadas de protesta de alto impacto en la capital mexicana, especialmente aquellas protagonizadas por colectivos feministas, que en los últimos años han adoptado formas de manifestación más contundentes para visibilizar la violencia machista y los femicidios en el país.
El despliegue se da apenas una semana después de la marcha de la llamada “Generación Z”, donde manifestantes derribaron parte de las vallas que protegían edificios históricos y se registraron incidentes con fuerzas de seguridad. Ese antecedente incrementó la preocupación de las autoridades federales y locales, que decidieron reforzar el blindaje del Zócalo con estructuras más altas, gruesas y de difícil remoción.
La convocatoria para este martes está prevista para las 16:00 horas y partirá desde el Monumento a las Mujeres que Luchan hacia el Zócalo. Las colectivas esperan una participación masiva, ya que el 25N suele ser una de las movilizaciones feministas más grandes del año en México, un país donde se estima que más de diez mujeres son asesinadas cada día y donde la violencia de género continúa siendo un problema estructural.
Diversos grupos feministas han expresado su rechazo al “blindaje extremo” de los edificios históricos, argumentando que se busca contener la protesta en lugar de atender las causas que la originan. Desde redes sociales y comunicados, organizaciones han señalado que estas barreras no representan protección sino silenciamiento: “No es por cuidado del patrimonio, es por miedo a que se escuche el reclamo”, publicó una de las colectivas convocantes.
Por su parte, autoridades del Gobierno de la Ciudad de México defienden el operativo asegurando que su función es preservar el patrimonio histórico ante posibles daños y garantizar la seguridad tanto de manifestantes como de transeúntes. También remarcaron que en los últimos años algunas protestas han derivado en enfrentamientos que dejaron personas heridas y daños materiales, por lo que las vallas buscan prevenir situaciones de riesgo.
A lo largo del día, trabajadores continuaron reforzando las estructuras con soldaduras y soportes adicionales. En algunos puntos, se instalaron también módulos de vigilancia y cámaras móviles. Comerciantes del centro histórico expresaron preocupación por el impacto económico, ya que en jornadas de protesta intensa suelen bajar la cortina para evitar incidentes o daños en sus vidrieras.
El Zócalo se ha convertido en un espacio simbólico para el movimiento feminista mexicano, punto de llegada de marchas que reclaman justicia por las víctimas de violencia, desapariciones y femicidios. En cada edición del 25N, miles de mujeres y disidencias se congregan para denunciar la falta de políticas integrales de prevención, la impunidad en los casos judicializados y la ausencia de apoyo real para las sobrevivientes.
El blindaje del Palacio Nacional no es un hecho aislado: durante los últimos años, esta medida se ha repetido en cada protesta relevante, lo que abrió un debate sobre la relación entre el Estado y las manifestaciones feministas. Especialistas señalan que el contraste entre la magnitud de las vallas y la debilidad de las políticas públicas para combatir la violencia de género refleja una brecha profunda en las prioridades institucionales.
Diversos organismos internacionales, incluida la ONU, han instado a México a fortalecer los mecanismos de acceso a la justicia y la protección de víctimas, así como a mejorar la coordinación entre fiscalías, fuerzas de seguridad y centros de apoyo. Sin embargo, organizaciones civiles sostienen que los avances han sido insuficientes.
En este contexto, la marcha del 25N adquiere una relevancia particular. No solo se trata de visibilizar una problemática que afecta a millones de mujeres, sino también de reclamar un compromiso real del Estado para enfrentarla. Las vallas, lejos de contener el descontento, parecen haber reforzado la sensación de urgencia y la determinación de las participantes, que esperan una movilización multitudinaria.