La iniciativa impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, busca modernizar el Código Penal frente al aumento de intimidaciones digitales, falsas alertas y mensajes asociados al crimen organizado.
El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma clave para actualizar el tratamiento penal del delito de amenazas, en un contexto donde la intimidación —tanto física como digital— se ha convertido en una herramienta recurrente para generar miedo, extorsionar y alterar la vida pública. La modificación, enviada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, apunta a endurecer sanciones y ampliar el alcance jurídico ante nuevas modalidades de presión y violencia psicológica.
El dictamen fue elaborado por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y votado en el Pleno, donde obtuvo apoyo transversal. La reforma se centra en el artículo 209 del Código Penal local, que ahora establece penas más severas para quienes profieran amenazas de daño físico, patrimonial o moral, tanto contra personas como instituciones.
Con la modificación, la pena básica por amenazas pasará a ser de uno a dos años de prisión. Sin embargo, en casos considerados de alto riesgo —como cuando intervienen armas de fuego, explosivos, sustancias peligrosas, dispositivos simulados o la presunta afiliación a grupos delictivos— las penas podrán triplicarse. El objetivo, según coincidieron legisladores de distintas bancadas, es frenar el uso estratégico de las amenazas como mecanismo para sembrar caos o manipular a la población.
Uno de los puntos más destacados de la reforma es la incorporación explícita de las amenazas realizadas a través de redes sociales, mensajería instantánea u otros medios electrónicos. Estas modalidades, que crecieron de forma exponencial en los últimos años, afectan tanto a ciudadanos comunes como a funcionarios públicos, especialmente en momentos de alta tensión política o inseguridad.
Datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana muestran la magnitud del problema: solo en el último año, la capital registró más de 70 alertas de amenazas de bomba en escuelas, oficinas privadas y dependencias gubernamentales. Aunque la mayoría fueron falsas, cada episodio exigió evacuaciones, revisiones del cuerpo de emergencia y generó un impacto emocional significativo en la población.
Durante la discusión legislativa, distintos diputados subrayaron que el sistema penal debía actualizarse frente a estas “nuevas formas de intimidación contemporánea”, que van desde perfiles falsos que difunden mensajes para generar alarma colectiva hasta audios y videos editados para extorsionar o manipular comunidades.
Además, la reforma se integra en un paquete más amplio de medidas de seguridad que el Gobierno capitalino viene impulsando para reforzar la protección ciudadana. Según adelantaron fuentes legislativas, la nueva norma será publicada en los próximos días en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, momento en el que entrará formalmente en vigor.
Para Brugada Molina, la aprobación representa un paso hacia un “modelo de seguridad integral” que contemple no solo la violencia física, sino también las dinámicas de presión psicológica que operan en la era digital. Con el endurecimiento de las penas, el Congreso pretende enviar una señal clara: el Estado no tolerará el uso de amenazas como arma de intimidación masiva, especialmente cuando estas se aprovechan de redes sociales o discursos asociados al crimen organizado.